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lunes, 5 de diciembre de 2016

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
El texto incluye, como principales novedades, una modificación del Impuesto de Sociedades y el incremento de los llamados impuestos especiales (impuesto sobre productos intermedios, sobre alcohol y bebidas derivadas e impuesto sobre las labores del tabaco), que tendrán un impacto estimado de recaudación adicional por importe de 4.800 millones de euros.
Dicho paquete, junto a las medidas contra el fraude, recaudarán en total hasta siete mil millones de euros más al año. Las nuevas medidas tributarias no afectarán ni a las pymes ni a los autónomos, como tampoco se modifica el IRPF ni el IVA.
MEDIDAS EN EL ORDEN TRIBUTARIO
Impuesto sobre Sociedades
Las medidas relativas al Impuesto de Sociedades no modifican tipos nominales (que mantienen el 25% previsto para 2017), sino que limitan las deducciones. La cuantía de recaudación prevista será de 4.650 millones de euros adicionales.
Las deducciones que se modifican son las siguientes:
  • Exención por dividendos: No deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos, como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones. Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado.
  • Reversión de los deterioros de valor de participaciones: La reversión de los deterioros de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir de esa fecha no lo son deberá realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años. En este Real Decreto-Ley se establece la incorporación automática de los referidos deterioros, como un importe mínimo, sin perjuicio de que resulten reversiones superiores por las reglas de general aplicación, teniendo en cuenta que se trata de pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible de las entidades españolas.
  • Limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas: Se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes: Empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones de euros, el 25%; empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20 y 60 millones, el 50%. Adicionalmente, se establece un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición que se cifra en el 50% de la cuota íntegra, para empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 20 millones de euros, aplicándose esta medida en el año 2016.
Impuestos especiales
Las medidas relativas a impuestos especiales (alcohol, tabaco) permiten acercar la recaudación por fiscalidad indirecta a la media de los países de la Unión Europea. La cuantía de recaudación prevista será de 150 millones de euros adicionales: 100 millones por tabacos y 50 por el impuesto al alcohol.
  • Impuesto sobre productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas: se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas tanto en la península como en las Islas Canarias. No se modifican los tipos impositivos de la cerveza y del vino. Con la nueva modificación, aunque estos siguen siendo de los más bajos de la UE, se contribuye a reducir la diferencia de fiscalidad existente con la del resto de Estados miembros.
  • Impuesto sobre las labores del tabaco: Se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem a la vez que se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como para picadura para liar.
Impuesto sobre patrimonio
En el impuesto sobre patrimonio se procede a prorrogar durante 2017 la exigencia de su gravamen, en aras de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas, fundamentalmente, de las Comunidades Autónomas.
Aplazamientos y fraccionamientos
  • Se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta.
  • No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial.
  • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos, dado que el efectivo pago de dichos tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute. Por tanto, sólo serán aplazables en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
Coeficientes de actualización de valores catastrales
La aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017supone una medida que tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural. La medida resulta necesaria dado que contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales. Ha sido solicitada por 2.452 municipios que cumplen los requisitos de aplicación de la Ley, que no podrían aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización.
Suspensión de la compensación a Canarias
Resulta necesario precisar por disposición legal que la citada suspensión de la compensación lo es en términos de devengo y no únicamente una suspensión en términos de caja de los flujos tesoreros derivados de la misma. Es una precisión del acuerdo de suspensión de la compensación por supresión del IGTE de Canarias adoptado en Comisión Mixta de Transferencias Administración Estado-Comunidad Autónoma de Canarias el 16 de noviembre de 2015. Con ello, queda clarificado que dicha suspensión debe entenderse en términos de devengo dotando así de mayor seguridad jurídica a las relaciones financieras entre las partes firmantes del mencionado Acuerdo.
MEDIDAS EN EL ORDEN SOCIAL
Salario mínimo
Por otro lado, el Real Decreto Ley incorpora una disposición adicional que encomienda al Gobierno a fijar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el salario mínimo interprofesional para 2017 con un incremento del 8% respecto del establecido por el Real Decreto del 29 de diciembre de 2015, por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2016.
Ello responde a la voluntad de incrementar el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que se continúa favoreciendo, de forma equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios en el proceso de recuperación del empleo.
De igual manera el Real Decreto Ley habilita al Gobierno a determinar la afectación de dicho incremento a las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor del real decreto que apruebe el salario mínimo interprofesional para 2017, con la finalidad de evitar que el mismo pudiera producir distorsiones en su contenido económico, así como en normas no estatales y en contratos y pactos de naturaleza privada. Todo ello con el ánimo de reforzar los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales en el ámbito de la negociación colectiva.
Tope máximo de cotización
Por otro lado, se actualizan para el año 2017 las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social, en los regímenes que lo tengan establecido, así como de lasbases máximas de cotización en cada uno de ellos, incrementándolas en un 3%respecto a las vigentes en el presente ejercicio, hasta los 3.751 euros mensuales.
Además, se estima oportuna la introducción de una previsión legal en virtud de la cual los futuros incrementos del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social, así como del límite máximo para las pensiones causadas en el mismo, se ajusten en todo caso a las recomendaciones que se efectúen en tal sentido por parte de la Comisión Parlamentaria Permanente del Pacto de Toledo y a los acuerdos en el marco del diálogo social.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y MODERNIZACIÓN DEL IVA
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contempla una serie de medidas destinadas a la prevención y corrección del fraude fiscal, fundamentalmente en el ámbito del IVA mediante la puesta en marcha del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que permitirá a la Agencia Tributaria obtener información casi en tiempo real de las transacciones y, por tanto, mejorando el control tributario.
Esta medida se enmarca en un paquete de medidas de lucha contra el fraude, junto con las incluidas en el Real Decreto Ley 3/2016 y las que se incluirán en un proyecto de Ley, cuyo impacto se estima en dos mil millones de euros.
Suministro inmediato de información (SII)
Con las modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido se instaura un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.
El "Suministro Inmediato de Información" (SII) supone una mejora sustancial en la relación de comunicación entre la Administración y el contribuyente, puesto que va a permitir tener una relación bidireccional, automatizada e instantánea. A su vez se configura como una novedosa herramienta, tanto de asistencia al contribuyente, como de mejora y eficiencia en el control tributario. El impacto económico del SII se estima en 700 millones de euros, repartido por igual entre 2017 y 2018.
El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica de manera que, con esta información se vayan configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.
El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el SII está integrado por todos aquellossujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el IVA sea mensual. Este colectivo está integrado por unos 62.000 contribuyentes que representan, aproximadamente, el 80 por 100 de la facturación empresarial del país. En concreto, serán incluidos obligatoriamente en el SII los contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), las grandes empresas (aquellas que cuenten con una facturación anual de más de seis millones de euros) y los grupos de IVA. De forma opcional, cualquier otro contribuyente que no reúna estos requisitos puede optar por el sistema.
La entrada en vigor de esta obligación será el 1 de julio de 2017.
Se establece un plazo general de cuatro días para la remisión electrónica de la información desde la fecha de expedición de la factura, o desde que se produzca su registro contable (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales). Sin embargo, durante el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío de la información que será de ocho días (también excluidos sábados, domingos y festivos nacionales).
Ventajas
Los contribuyentes incluidos en el SII, para los cuales el plazo de autoliquidación del IVA será mensual, verán ampliado en diez días su plazo de presentación de las autoliquidaciones, pasando, con carácter general, del 20 al 30 de cada mes siguiente, salvo febrero, donde el plazo concluirá el último día del mes.
Además, el SII moderniza y estandariza la forma de llevar los tradicionales Libros Registro de IVA y conlleva para los obligados tributarios incluidos en el mismo una reducción de sus obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347 (operaciones con terceros), 340 (información sobre Libros Registro) y 390 (resumen anual del IVA).
Otras de las ventajas inherentes a este nuevo sistema son la posibilidad de prestar una mayor asistencia al contribuyente al ofrecerle datos de contraste de la información procedente de terceros y la disminución de los requerimientos de información por parte de la AEAT, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar los Libros Registro, las facturas o los datos contenidos en las mismas para comprobar determinadas operaciones. Ello puede implicar la reducción de los plazos de realización de las devoluciones, al disponer la AEAT de la información en tiempo casi real y de mayor detalle sobre las operaciones.

http://www.asesoriayempresas.es/noticias/JURIDICO/234407/publicado-el-real-decreto-ley-3-2016-que-modifica-el-impuesto-de-sociedades-e-incrementa-impuestos-e

Esquema de los Regímenes especiales del IVA y sus características

Esquema de los Regímenes especiales del IVA y sus características

RégimenCarácterAplicaciónRenunciaCaracterísticasEmpresarios o profesionales
Régimen simplificado
Voluntario
Automática salvo renuncia
Cálculo cuota devengada por operaciones corrientes. El IVA deducible es el realmente soportado
Personas físicas y entidades del art. 35.4 LGT que realicen operaciones del art. 37 RIVA y no superen los límites determinados
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Voluntario
Automática salvo renuncia
Sin obligaciones de liquidación y pago del impuesto
Titular de explotación
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
Voluntario
(1)(1)
Cálculo de la base imponible
Revendedores de bienes
Régimen especial de las agencias de viajes
Obligatorio
Automática
Sí (2)
Cálculo de la base imponible
- Agencias de viajes
- Organizadores de circuitos turísticos
Régimen especial del oro de inversión
Obligatorio
Automática salvo renuncia
Exención
Comerciantes de oro de inversión
Régimen especial del recargo de equivalencia
Obligatorio
Automática
No
Sin obligaciones de liquidación y pago del impuesto
Comerciantes minoristas personas físicas y entidades art. 35.4 LGT
Régimen especial aplicable a los servicios de telecolunicaciones, de radiodifusión y a los prestados por vía electrónica
Voluntario
--
Presentación de declaraciones desde un único Portal Web del Estado de Identificación
-Empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad acogidos al Régimen exterior a la Unión.
-Empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad acogidos al Régimen de la Unión.
Régimen especial del grupo de entidades
Voluntario
-
Compensación de saldos en las autoliquidaciones del grupo
Empresarios o profesionales que formen parte de un grupo de entidades
Régimen especial del criterio de caja
Voluntario
-
Retrasar el devengo e ingreso así como el derecho de deducción hasta el momento del cobro y pago respectivo
Empresarios y profesionales que no superen determinados límites
(1) Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
- En la modalidad de determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación, se aplica salvo renuncia que puede efectuarse por cada operación y sin necesidad de comunicarla a la Administración.
- En la modalidad de determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global se aplica previa opción expresa del sujeto pasivo, sin posibilidad de renuncia, hasta la finalización del año natural siguiente.
(2) Como excepción a este régimen especial obligatorio, los sujetos pasivos pueden optar por la aplicación del régimen general del Impuesto “operación por operación” respecto de los servicios que realicen y de los que sean destinatarios empresarios o profesionales que tengan derecho a la deducción o a la devolución del Impuesto.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Reducciones de capital (art. 33.3.a LIRPF)


La reducción del capital en las sociedades tal como recoge el artículo 317 TRLSC puede tener distinta finalidad como puede ser:
·                        - El restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.
·                        - La constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias.
·                        - La devolución del valor de las aportaciones a los socios o accionistas.
·                        - En las sociedades anónimas, la reducción del capital puede tener también por finalidad la condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes.
La reducción podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales o de las acciones, su amortización o su agrupación.
No existe ganancia o pérdida patrimonial en las reducciones del capital para el socio, solamente cuando la reducción de capital tiene como finalidad la devolución de aportaciones a los socios o accionistas se puede producir una renta gravable por el IRPF, ya que en este caso el importe de la devolución minorará el valor de adquisición de los valores afectados hasta su anulación y el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento de capital mobiliario.
La LIRPF regula también los efectos indirectos derivados de estas operaciones que tienen fundamentalmente por objetivo, identificar las acciones afectadas a efectos de calcular la ganancia o pérdida patrimonial cuando se transmitan las mismas.
·                         
·                        1. Reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios.
Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de la devolución o el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos por el accionista o socio minorará el valor de adquisición de los valores o participaciones afectadas, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar se integrará como rendimiento del capital mobiliario procedente de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad.
Estamos en presencia de un diferimiento de la tributación al momento en que se transmitan las acciones o participaciones de la sociedad, cuyo valor de adquisición se ha visto reducido o incluso anulado, de esta manera en el momento posterior en que se produzca la transmisión de las acciones que se vieron afectadas por la reducción de capital con devolución de aportaciones se producirá un mayor beneficio fiscal, al tener las acciones un valor de adquisición inferior e incluso nulo a efectos de comparar con el valor de transmisión.
·                         
·                        2. Regla especial: la devolución de aportaciones procede de beneficios no distribuidos.
En este supuesto, la totalidad de las cantidades devueltas a los socios (y no sólo el exceso sobre el valor de adquisición) tributarán como rendimientos del capital mobiliario procedentes de la participación en fondos propios.
El problema es que cuando en la operación se devuelven beneficios traspasados a reservas y capital propiamente dicho resultante de las aportaciones de los socios, puede ser difícil determinar cuál es cada parte; por ello, el legislador ha establecido que en estos casos de reducciones de capital se considera que las primeras cantidades devueltas no proceden de beneficios no distribuidos.
En estas condiciones, el socio debería conocer de dónde proceden las cantidades entregadas por la sociedad, por ello, el artículo 33.3.a) LIRPF deja claro que "A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación".
En las llamadas "operaciones acordeón", consistentes en distribuciones de dividendos encubiertas a través de ampliaciones de capital con cargo a reservas y subsiguientes reducciones de capital con devolución de aportaciones. La Audiencia Nacional ha respaldado la actuación de la Administración tributaria, al considerar que la venta de acciones a su propia sociedad para su amortización responde a la finalidad de devolución de aportaciones mediante la pertinente reducción de capital y la adquisición de las acciones propias ocupa un papel instrumental. La tributación debe ser la correspondiente a la reducción de capital y no la de transmisión de acciones (AN 8-2-06; 7-6-06, TS 16-5-11).
Ejemplo:
Una sociedad anónima que cotiza en el mercado de valores acuerda reducir capital para amortizar la totalidad de las participaciones sociales de un socio, el valor de adquisición correspondiente a la participación del socio es de 215.000 €. La sociedad valoró dicha participación en 750.000 €, procediendo a reducir capital por el valor nominal correspondiente a las participaciones (100.000 €) y efectuando por el importe restante (650.000 €) un cargo a reservas voluntarias. El pago de los 750.000 € se acuerda partirlo en tres años, satisfaciéndose en el año de la reducción de capital y en cada uno de los dos años posteriores, la cantidad de 250.000.000 €
El importe de la devolución de aportaciones, que no proceda de beneficios no distribuidos minora el valor de adquisición de los valores afectados hasta su anulación. En caso de que dicho importe coincida con el valor de adquisición de las participaciones del consultante no cabe hablar de exceso alguno. Si el importe devuelto supera tal valor de adquisición, el exceso tributa como un rendimiento del capital mobiliario, en la forma prevista para la distribución de la prima de emisión.
El importe de la devolución de aportaciones que corresponda a beneficios no distribuidos tributará en su integridad como rendimiento del capital mobiliario, siendo objeto de retención e ingreso a cuenta.
El importe percibido con cargo a Reservas 650.000 € tributa como rendimiento de capital mobiliario, mientras que el importe devuelto 100.000 que procede de la devolución del capital minora el valor de adquisición de los valores afectados.
Primer año: Rendimiento de capital mobiliario 150.000 € (250.000 € correspondientes a la cantidad total percibida por el socio ese año, menos la parte de valor de adquisición de la participación afectada por la reducción de capital 100.000)
Dos años siguientes: Rendimiento del capital mobiliario 250.000 €.
El valor de adquisición no anulado 115.000 (215.00 - 100.000) se distribuirá proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente, por lo que dicho importe, al aumentar el valor de adquisición de los valores restantes, se configura como un componente negativo de la ganancia o pérdida patrimonial que se obtenga en la futura transmisión de dichos valores, y que tributará en la base imponible del ahorro.
Aunque el artículo 33.3.a) LIRPF no contemple expresamente el supuesto del valor de adquisición no anulado (en el ejemplo 115.000) que no pueda distribuirse proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente, al no existir ya éstos, debe considerarse que la naturaleza de dicha diferencia a efectos del Impuesto no queda alterada por la circunstancia de la existencia o inexistencia de valores homogéneos restantes, por lo que en caso de su inexistencia, debe calificarse como pérdida patrimonial a integrar en la base imponible del ahorro, a imputar en el ejercicio en que se produce la reducción de capital, por tanto se producirá en el primer año una pérdida patrimonial de 115.000 €.
·                         
·                        3. Efectos indirectos de las reducciones de capital.
La LIRPF establece los efectos que se producen en las reducciones de capital cualquiera que sea su finalidad. Estos efectos tienen sus consecuencias cuando posteriormente se transmitan las acciones y lo hace regulando el valor de adquisición de las acciones amortizadas e identificando las acciones afectadas.
a) La reducción de capital se instrumenta mediante la amortización de las acciones.
Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, se instrumente mediante la amortización de valores o participaciones, se considerarán amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. Cuando la reducción del capital no afecte por igual a todos los valores o participaciones propiedad del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar.
La LIRPF sólo se refiere al reparto del valor de adquisición de las acciones amortizadas, lo que plantea la duda respecto a la posibilidad de que se efectúe también el reparto de la antigüedad de dichas acciones. La interpretación de la DGT es que el valor de adquisición de las acciones amortizadas, con su fecha de adquisición, se incorpore al valor de adquisición de las restantes acciones, de tal forma que en la futura transmisión de estas últimas acciones se distinga el valor de adquisición y antigüedad de los dos componentes.
En relación al concepto de valores homogéneos, el artículo 8 RIRPF considera a los exclusivos efectos del IRPF como valores o participaciones homogéneas aquellos que procedentes de un mismo emisor, formen parte de una misma operación financiera o respondan a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación, sean de igual naturaleza y régimen de transmisión, y atribuyan a sus titulares un contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones.
No obstante, la homogeneidad de un conjunto de valores no se verá afectada por la eventual existencia de diferencias entre ellos en lo relativo a su importe unitario; fechas de puesta en circulación, de entrega de material o de fijación de precios; procedimientos de colocación, incluida la existencia de tramos o bloques destinados a categorías específicas de inversores; o cualesquiera otros aspectos de naturaleza accesoria. En particular, la homogeneidad no resultará alterada por el fraccionamiento de la emisión en tramos sucesivos o por la previsión de ampliaciones.
b) La reducción se instrumenta a través de la reducción del valor nominal.
Si no afecta por igual a todos los valores o participaciones en circulación del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar de cuyo valor de adquisición debe minorarse el importe de la devolución percibida por el socio o accionista, en caso contrario en que la reducción del valor nominal sea de todas las acciones se considerará como acciones afectadas todas ellas y la reducción de capital se entenderá producida en cada una de las acciones o participaciones en las que se haya efectuado.
Por tanto, en la reducción de capital con devolución de aportaciones, el importe de esta devolución minora el valor de adquisición de las acciones amortizadas hasta su anulación, en este caso, será la diferencia entre el valor de adquisición y el importe de la devolución la que debe repartirse proporcionalmente entre los restantes valores.
• Una sociedad hizo una ampliación de capital con aportación no dineraria, con fecha diciembre de 2006, y quiere disminuir el capital que fue ampliado, Se plantea sobre qué participaciones hay que realizar la disminución de capital, sobre las más actuales o las más antiguas, y si se puede hacer la disminución sobre el valor nominal. A este respecto con independencia de las participaciones que se vean afectadas por la reducción de capital, y la forma en que ésta se desarrolle, fiscalmente se considera que la reducción de capital y amortización de las participaciones afecta a las adquiridas en primer lugar (DGT V2413-09 de 29-10-2009).
Ejemplos:
1. Una sociedad fue constituida en el año 2000 por dos socios con un capital social de 20.000 €, integrado por 20.000 acciones de 1 € de valor nominal. En diciembre de 2002 uno de los socios compra al otro socio sus 10.000 acciones por un importe de 15.000 €. En mayo de 2015 se reduce el capital social, amortizando las acciones adquiridas en 2002. En el mes de octubre de 2015 se venden las acciones restantes en un importe de 33.000 €.
a) Reducción de capital (mayo 2015)
En la reducción de capital se consideran amortizadas las adquiridas en primer lugar, esto es, las compradas en el año 2000. Su valor de adquisición fue de 10.000 €. Esta amortización no genera ganancia ni pérdida patrimonial, al no haber devolución de aportaciones a los socios tampoco existiría rendimiento de capital mobiliario.
El valor de adquisición de estas acciones, 10.000 €, se integra con los restantes valores en poder del contribuyente.
Las acciones que compró en 2002 valen ahora su precio real de compra, 15.000 € más los 10.000 € de las acciones ya amortizadas, en total 25.000 €.
b) Transmisión de las acciones (octubre 2015)
- Acciones adquiridas en el año 2000:
Valor de transmisión (10.000 x 1,65) = 16.500 €
Valor de adquisición (10.000 x 1) = 10.000 €
Ganancia patrimonial = 6.500 €
Esta ganancia se integrará en la base imponible del ahorro.
- Acciones adquiridas en el año 2002:
Valor de transmisión (10.000 x 1,65) = 16.500 €
Valor de adquisición (10.000 x 1,5) = 15.000 €
Ganancia patrimonial = 1.500 €
Esta ganancia se integrará en la base imponible del ahorro.
2. El Sr. X compra 10 acciones de la Sociedad FESA en un importe de 3.000 €, valor nominal de cada acción 100 €. La Sociedad, posteriormente, en 2015, reduce su capital un 50% por exceso de negocio y devuelve al Sr. X, en metálico, parte de su capital. Las acciones se valoran al 350%, recibiendo el Sr. X 1.750 €.
El valor de adquisición de los valores fue de 1.500 €, recibiendo el socio 1.750 € y existiendo, en consecuencia, un exceso de 250 €. Suponemos que toda la reducción de capital proviene de beneficios no distribuidos. El exceso, 250 €, tributará como un rendimiento del capital mobiliario derivado de la participación en fondos propios de la entidad.
3. En mismo supuesto anterior donde el valor contable de la participación sigue siendo 1.500 €, pero en la reducción de capital se le entrega al socio un vehículo y dinero en un importe de 750 €. El vehículo en el mercado vale 2.000 €. Cálculo de la alteración patrimonial en 2014:
VA = 1.500 €
Valor entregado: 2.000 + 750 = 2.750 €
Exceso que tributa como rendimiento del capital mobiliario en el ejercicio 2015 por un importe de 1.250 € integrándose en la base imponible del ahorro.
·                        4. Reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios procedentes de valores no cotizado y no procede de beneficios no distribuidos.
Se produce con efectos 1-1-2015, una modificación normativa en las reducciones de capital de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados, de tal forma que en las reducciones de capital que tenga por finalidad la devolución de aportaciones y no proceda de beneficios no distribuidos, correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva.
Esto supone que va a tributar como rendimiento de capital mobiliario la devolución que corresponda al incremento de los fondos propios desde el momento de la adquisición del título hasta el momento de la reducción de capital con devolución de aportaciones que se corresponda con reservas libremente disponibles.
Para calcular dicho límite, los fondos propios deben minorarse en su caso en los siguientes importes:
o                                        - Si se hubieran repartido beneficios procedentes de reservas incluidos en los citados fondos propios, con anterioridad a la fecha de la reducción del capital, se minorará los fondos propios a tener en cuenta.
o                                        - En el importe de las reservas legamente indisponibles incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición de las acciones o participaciones.
El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o participaciones hasta su anulación.
Con objeto de evitar supuestos de doble imposición, si en una reducción de capital se hubieran obtenidos rendimientos de capital mobiliario como consecuencia del incremento de los fondos propios durante la tenencia de los títulos y posteriormente el contribuyente obtuviera dividendo o participación en beneficios procedente de la misma entidad en relación con las acciones o participaciones que hubieran permanecido en su patrimonio, el importe obtenido de los dividendos o participaciones minorará el valor de adquisición de estos títulos con el límite de los rendimientos de capital mobiliario previamente computados por la reducción de capital con devolución de aportaciones.


Un contribuyente A posee el 100% de las acciones de una entidad no cotizada:

- Valor de adquisición: 3.600

Los fondos propios del último balance anterior a la reducción de capital son:

- Capital: 2.500: Procedente de aportaciones: 500; Procedente de reservas: 2.000

- Reservas: 2.500

Se reduce capital devolviendo aportaciones por importe de 1.500 €: se entiende que primero se agotan las aportaciones (500 €) y el resto (1.000 €) procede de reservas capitalizadas.

• Parte que procede de beneficios no distribuidos (reservas capitalizadas): 1.000 €: tributan como dividendo, sin reducir el valor de adquisición. Este tratamiento no varía a partir de 1-1-2015.

• Parte que no procede de beneficios no distribuidos: 500 (regla aplicable a partir de 1-1-2015):

- Fondos propios del último ejercicio cerrado: 2.500 (capital) + 2.500 (reservas) - 1.000 € (debe entenderse que el importe computado como dividendo minora los fondos propios, al equipararse a beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima de emisión, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios) = 4.000 €

- Valor de adquisición: 3.600 €

• De los 500 € que no procede de beneficios no distribuidos, tributan como rendimiento del capital mobiliario 400 € (4.000 - 3.600), y el resto (100 €) minora el valor de adquisición.

• En definitiva, de los 1.500 € percibidos 100 € minoran el valor de adquisición y 1.400 tributan como rendimiento del capital mobiliario.

- Nuevo valor de adquisición = 3.600 - 100 = 3.500 €.


- Tributación total: 1.000 (dividendos, LIRPF 33.3 a párrafo 2º) + 400 (rendimiento del capital mobiliario, LIRPF art.33.3 a párrafo 3º) = 1.400 €

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Tributacion de sociedad civil Impueso sobre Sociedades?



V4119-16
26/09/2016

Código Civil art 1669
LGT Ley 58/2003 arts 35.4, 88.1
LIRPF Ley 35/2006 arts 8.3, 86 a 90
LIS Ley 27/2014 arts 6, 7.1.a)
RD 1065/2007 art 24.2

La entidad consultante se identifica como sociedad civil aunque el NIF que figura en el escrito de consulta empieza por la letra E. Los hechos se refieren a la gestión de una herencia aceptada pero no repartida entre tres herederos. La entidad se constituyó y la herencia consiste en dos viviendas deshabitadas, una finca rústica, dieciséis cocheras individuales y un local comercial destinados al arrendamiento, más unos activos financieros no distribuidos.

Si esta entidad debe tributar por el Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero del año 2016 y plazo para su disolución.

La entidad consultante se identifica como sociedad civil aunque el NIF que figura en el escrito de consulta empieza por la letra E, que corresponde a las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (BOE 15-1-2016).
El artículo 7.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, establece:
“Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:
a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.”
De esta forma se incorporan unos nuevos contribuyentes al Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles con objeto mercantil, a diferencia de lo que ocurría antes del 1 de enero de 2016, en que todas las sociedades civiles tributaban bajo el régimen de atribución de rentas.
Al margen de la discusión doctrinal que pueda plantear esta cuestión, lo cierto es que en el tráfico jurídico existen sociedades civiles que actúan como tales frente a terceros y ante la Hacienda Pública; son numerosos los casos en que la jurisprudencia ha admitido esta realidad en diferentes ámbitos jurídicos. El artículo 7.1.a) de la LIS, al considerar la figura del contribuyente del Impuesto sobre Sociedades está aludiendo a ella con abstracción de la dogmática doctrinal suscitada en torno a la personalidad jurídica de este tipo de entidades.
En consecuencia, en lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, cabe admitir la existencia de sociedades civiles con objeto mercantil y personalidad jurídica, pues de otra manera no estaríamos ante una persona jurídica. La inclusión de las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades trae causa en la necesidad de homogeneizar la tributación de todas las figuras jurídicas, cualquiera que sea la forma societaria elegida. Por ello, es preciso determinar, en primer lugar, en qué casos se considera que la sociedad civil adquiere, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, personalidad jurídica y, en segundo lugar, establecer qué ha de entenderse por objeto mercantil.
De acuerdo con el artículo 1669 del Código Civil, la sociedad civil tiene personalidad jurídica siempre que los pactos entre sus socios no sean secretos. La sociedad civil requiere una voluntad de sus socios de actuar frente a terceros como una entidad. Para su constitución no se requiere una solemnidad determinada, pero resulta necesario que los pactos no sean secretos. En el ámbito tributario, para tener la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades es preciso que la sociedad civil se haya manifestado como tal frente a la Administración tributaria. Por tal motivo, a efectos de su consideración como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles habrán de constituirse en escritura pública o bien en documento privado, siempre que en este último caso dicho documento se haya aportado ante la Administración tributaria a los efectos de la asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad, de acuerdo con el artículo 24.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Sólo en tales casos se considerará que la entidad tiene personalidad jurídica a efectos fiscales.
Por otro lado, a efectos meramente informativos, el informe, de fecha 21 de diciembre de 2015, de la Abogacía del Estado de la Secretaría de Estado de Hacienda, con la conformidad de la Abogacía General del Estado, en relación con la calificación jurídica de determinados sujetos de cara a su sujeción al Impuesto sobre Sociedades, señala que “en aquellos casos en que los partícipes, pese a la existencia de una auténtica affectio societatis, deciden configurar formalmente una comunidad de bienes, están dejando oculta frente a los terceros la propia existencia de la sociedad, al optar por el uso de una forma jurídica que carece de personalidad. Y si la existencia de la sociedad queda oculta, como antes se ha dicho, por más que los pactos societarios se encuentren a la vista, incluso constando en escritura pública, el ente así constituido carecerá de personalidad jurídica.”. Asimismo añade más adelante que en “la STS de 5-febrero-1998 se decía que se había creado un fondo común de actividades y bienes, sustentados en una afectio societatis, y con una finalidad lucrativa, lo cual constituye, por no haberse plasmado con las formalidades que exige la ley, una verdadera asociación irregular a la que deberán aplicarse las normas que regulan la comunidad de bienes.”.
Adicionalmente, el artículo 6 de la LIS dispone que:
“1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles que no tengan la consideración de contribuyentes de este Impuesto, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2.ª del Título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
2. Las entidades en régimen de atribución de rentas no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.”
Los únicos contribuyentes que se incorporan al Impuesto sobre Sociedades son las sociedades civiles con personalidad jurídica. Si la entidad consultante, cuya actividad es el arrendamiento de viviendas, una finca rústica, dieciséis cocheras y un local comercial, más la gestión de unos activos financieros, se ha constituido como herencia yacente, comunidad de bienes u otra clase de entidad que, carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, según establece el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, continuará tributando después del 1 de enero de 2016 conforme al régimen especial de atribución de rentas establecido en la sección segunda del título X de la LIRPF y no tributará por el Impuesto sobre Sociedades.
Si la entidad consultante se hubiera constituido como sociedad civil mediante documento privado que debió presentar ante la Administración tributaria para la obtención de número de identificación fiscal, tendrá personalidad jurídica a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Si, además de haberse constituido como sociedad civil con personalidad jurídica, la entidad consultante desarrolla una actividad no excluida del ámbito mercantil, como es el arrendamiento de viviendas, una finca rústica, dieciséis cocheras y un local comercial, más la gestión de unos activos financieros, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7.1.a) de la LIS.
En cuanto a la voluntad y plazo de disolución de la entidad, este Centro Directivo no es competente para pronunciarse sobre estas cuestiones, tal y como se desprende del artículo 88.1 de la LGT:
“1. Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda”.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.