lunes, 22 de agosto de 2011

La aventura del capitalismo


Domingo Soriano

&quote&quoteEl mercado es el reino de la libertad: nadie hará una transacción en la que no se vea beneficiado. Por eso, incluso cuando una gran multinacional vende algo al más pobre de los hombres, el intercambio tiene que basarse en la premisa de que los dos ganan.
Escucho a Alfredo Pérez Rubalcaba estrenarse en su nuevo papel como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno con una de esas declaraciones absurdas que tanto gustan a los políticos populistas. El ex ministro del Interior se puso el disfraz de izquierdista y aseguró que "necesitamos regulación y control para que los mercados estén al servicio de los ciudadanos y no al revés".
Pensando en estas palabras, que auguran nuevos aparatos burocráticos, una legislación más farragosa o dificultades crecientes para los empresarios españoles, me acordé de una cita de Milton Friedman, quizás el mejor propagandista que haya tenido el liberalismo en el último medio siglo (aunque sus teorías monetarias sean bastante discutibles, merece el reconocimiento de los amantes de la libertad).
El Premio Nobel norteamericano aseguraba en Capitalismo y libertad que "uno de los mayores argumentos contra el mercado es que proporciona a los individuos lo que quieren y no lo que un determinado grupo piensa que deberían querer. Por debajo de la crítica de la libertad económica hay una crítica a la libertad misma". Aunque parezca mentira viendo esta cita, casi seguro que el neoyorquino no estaba pensando en Alfredo P. cuando la escribió. Friedman pone el dedo en la llaga, porque el problema de los políticos intervencionistas es que no entienden el mercado y cuando lo hacen no les gusta, porque favorece la libertad individual a cambio de quitarles poder a ellos.
Precisamente, la semana pasada estaba en casa viendo la tele y me encontré con uno de esos fantásticos documentales británicos que, a veces sin quererlo, tanto nos pueden enseñar sobre las maravillas de una sociedad libre. Era un capítulo de una serie llamada El capitalista aventurero que protagoniza un tal Conor Woodman. Este tipo parece ser que era el clásico yuppie de la Citylondinense que un día decidió cambiar de vida porque se aburría en su trabajo. Su idea fue vender sus posesiones para financiarse una vuelta al mundo, algo que ya han hecho muchos otros antes que él. Sin embargo, Woodman pensó en incluir un pequeño cambio realmente curioso. Como no quería volver a casa un par de años después con las manos vacías, decidió que durante su viaje iría haciendo intercambios comerciales a lo largo del planeta, lo que le serviría para ir ganándose unas perrillas. También pensó en grabarlo y editarlo como documental, lo que ahora nos permite ver cómo transcurrió su aventura.
El programa es más una guía de viajes que un sesudo tratado sobre el capitalismo. Pero quizás por eso sea incluso más útil como elemento de aprendizaje. El capítulo que me tocó en suerte es uno en el que Woodman parte de Asia con la intención de llegar a México. En China, compra unas pequeñas tablas de surf hinchables (parecen juguetes para niños o principiantes). Con ellas se dirige a Acapulco, donde encuentra unos almacenes encantados de comprarle su mercancía por bastante más de lo que él había pagado al otro lado del Pacífico.
Ver todo el proceso de compra y venta es absolutamente revelador. En China, ofrece al fabricante un precio bajo (8 libras), puesto que él soportará el riesgo de la operación y, además, convence al productor de que es una buena oportunidad de introducirse en el mercado mexicano. Luego, en el país norteamericano, también es capaz de sacar un muy buen precio (14 libras), puesto que el producto que ofrece es nuevo, hinchable y fácil de transportar, lo que puede ser muy atractivo para las familias que abarrotan las playas de este centro turístico.
En total, Woodman saca unas 4.000 libras de beneficio. Y nosotros, unas cuantas conclusiones que a nuestros políticos parece que les cuesta asimilar. En primer lugar, comprobamos que el mercado es el reino de la libertad: nadie hará una transacción en la que no se vea beneficiado. Por eso, incluso cuando una gran multinacional vende algo al más pobre de los hombres, el intercambio tiene que basarse en la premisa de que los dos ganan. Si alguno no lo hace, no cerrará el trato.
El relato de este capitalista aventurero también nos enseña que los objetos tienen muy diferente valor según el lugar, la persona y el momento. Woodman posiblemente habría tenido más problemas para colocar las tablas en México en temporada baja y habría tenido que ofrecer un descuento. Y dentro de dos años, si su uso se ha popularizado, el productor chino probablemente le podrá apretar algo más lasclavijas.
Desgraciadamente, está muy extendida la idea de que el comercio es un proceso en el que alguien tiene que ganar para que otro pierda. Ya en la Edad Media, se despreciaba a los comerciantes como parásitos sociales, que se enriquecían sin aportar nada a la sociedad. Se comparaba su actividad, aparentemente improductiva, con la de ganaderos, agricultores o artesanos, que supuestamente sí añadían valor al producto.
Sin embargo, nuestro protagonista nos muestra como el comercio nunca es un juego de suma cero. Todas las partes salen beneficiadas de la transacción. El fabricante chino valora más las 8 libras que sus tablas; el vendedor mexicano cree que podrá sacar más de esas 14 libras que ha pagado por ellas. Y Woodman acaba con un buen montante de beneficios, a cambio del riesgo soportado, de la iniciativa comercial, de su buen ojo como mercader y de su capacidad para convencer a sus interlocutores. Cada día hay miles de millones de transacciones en el mundo y cualquiera de ellas se basa en los mismos principios que las dos del programa.
Leyendo la web de Woodman, sabemos que en su vuelta al mundo consiguió un beneficio de 25.000 libras, es decir, que dobló la cantidad con la que salió de casa. Se lo tiene merecido. Ha arriesgado su capital, ha ofrecido un servicio y ha logrado su recompensa. Sólo los envidiosos podrían reprocharle algo.
También los políticos como Rubalcaba, temerosos de la libertad de sus ciudadanos. Viendo partes de otros capítulos es fácil darse cuenta de que son sus colegas repartidos por todo el planeta los que más trabas ponen a la tarea de Woodman, con absurdas regulaciones, aduanas, tasas, normas o laberínticos procedimientos burocráticos. Eso sí, si les preguntamos, cada uno asegurará que restringen nuestra libertad en nombre de la "seguridad", los "consumidores" o los "productores nacionales". Además, se revisten de la autoridad de los votos para arrogarse todos esos poderes.
Frente a esta actitud sólo cabe seguir trabajando, produciendo y comerciando. También merece la pena recordar las palabras de otro enorme liberal, Ludwig Von Mises: "El mercado es una democracia donde cada centavo da derecho a votar y donde se vota todos los días". El problema es que un ciudadano libre y que vota cada día quizás sea, precisamente, la peor pesadilla que cualquier político pueda enfrentar.

Guía para el universitario en paro


Casi el 46 % de los españoles menores de 25 años no tiene trabajo. Ahora más que nunca, hay que saber cómo y dónde buscar para encontrar un empleo. Las redes sociales, los portales y los foros de empleo son algunas de las vías, sin olvidar los centros de orientación e información de empleo de las universidades.
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Los reclutadores buscan titulados que hayan aprovechado sus años de estudio para adquirir sus primeras experiencias laborales, hábiles para trabajar bien en equipo, flexibles y con capacidad de adaptación y de aprendizaje. Enviar el currículo junto a la carta de presentación sigue siendo una buena fórmula para darse a conocer entre las empresas relacionadas con la carrera que se está estudiando. Además, existen otras vías que pueden ser más eficaces.
1. Redes sociales y profesionales. Un 51% de los españoles dice utilizar las redes sociales para buscar empleo y un 64% de los directivos reconoce que consulta el perfil de los candidatos, según una encuesta de Viadeo. Por esta razón, estar presente en las plataformas 2.0 es clave. Entre ellas, destacan Xing oLinkedIn, ya que están dedicadas en exclusiva al mundo laboral. Para crear tu perfil puedes solicitar el acceso a grupos que tengan que ver con tus objetivos profesionales. Un aspecto a tener en cuenta es el denominado "titular profesional": son las palabras clave que los potenciales clientes o seleccionadores usan para localizar a un profesional.
Otra opción es Twitter. Muchos de los portales de empleo han creado cuentas en esa red social como, por ejemplo, empleo.com, con su cuenta twitter.com/empleocom , o trabajoyempleo, contwitter.com/trabajoyempleo. Esta plataforma sólo permite mandar mensajes con un tamaño máximo de 140 caracteres. Si tu objetivo principal es encontrar empleo, debes ser lo más concreto posible a la hora de completar el perfil, pero sin ser demasiado específico, para poder ser encontrado. Como en cualquier currículo, evalúa qué partes tienen más peso en tu carrera o en tus prioridades y destácalo en primer lugar. También es importante usar definiciones que sean comprensibles para todos y encontrar un nombre (nickname) que se identifique rápidamente contigo.
Los reclutadores buscan titulados que hayan aprovechado sus años de estudio para adquirir sus primeras experiencias laborales
La popularidad y la fuerza de esta red -con más de 300 millones de usuarios, se acerca a la población de Estados Unidos- ha animado a empresas como Acciona a crear la cuenta @AccionaEmpleo para dar información actualizada sobre vacantes en las diferentes divisiones de la compañía. Catorce de las 35 compañías que componen el Ibex-35, como Inditex y Mediaset, también están presentes en las redes sociales.
Facebook, la red social por excelencia con más de 700 millones de perfiles, también puede ayudar a encontrar trabajo. De hecho muchas compañías tienen una cuenta abierta. Sin embargo, esta plataforma se utiliza más para las relaciones personales y no tanto para asuntos laborales.
2. Portales de empleo. empleo.com, Laboris, infoempleo o Adecco son algunos de los más populares. Disponen de bases de datos muy extensas a las que recurren las empresas para buscar a sus candidatos. Estas plataformas permiten subir el currículum y crear alertas para recibir ofertas de trabajo por correo electrónico.
Un 64% de los directivos reconoce que consulta el perfil en las redes sociales de los candidatos
3. Híbrido redes sociales/portales de empleo. Las organizaciones están aprovechando el potencial de ambas vías. Es el caso de tweetmyjobs.com, un portal de empleo en el que las empresas publican su oferta y los usuarios la reciben automáticamente en Twitter, permitiéndoles responder con su currículo. También es posible buscar ofertas por compañías, por países o por tipos de empleo.
4. Ferias o salones de empleo. Una de las más conocidas en la capital es la Feria de Empleo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, que se celebra habitualmente en febrero. Desde su primera edición, empresas de todos los sectores productivos han ofrecido empleo de las más de 20 familias profesionales que se imparten en la Comunidad de Madrid.
Entre las que se celebrarán próximamente destacan Foro Empleo 2011EMPLEA-T. La primera tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Leganés). Dos datos interesantes: el año pasado participaron 70 empresas y el foro del próximo otoño contará con procesos de selección in situ. Por su parte, EMPLEA-T 2011 será en noviembre en Albacete.
En estos foros de oferta y demanda de empleo puedes conseguir asesoramiento que te facilitará el acceso a un puesto de trabajo. Son una buena oportunidad para conocer la actividad y cultura corporativa de las empresas a través de los responsables o empleados de las compañías allí presentes. Por supuesto, no olvides llevar varias copias de tu currículo para entregarlo en mano o depositarlo en los puestos de muchas de las empresas participantes.
5. Centros de orientación e información de empleo para los estudiantes.Presentes en buena parte de las universidades, funcionan como los portales de empleo: rellenas un currículum y puedes consultar las ofertas disponibles en su bolsa de trabajo. También se ofrecen tutorías individuales y asesoramiento para orientar mejor la búsqueda de empleo. Para los estudiantes sin experiencia, estos centros suelen ser la mejor opción, ya que muchas empresas recurren a dichas bolsas de trabajo para buscar profesionales.
6. Trabajar fuera de casa. Existen becas y sitios web dirigidos a universitarios que buscan sus primeras experiencias laborales en el extranjero. Son interesantes los portales Universia.es y el portal iAgora, en los que se ofertan diversos empleos remunerados en el exterior. Funcionan de forma similar a los portales de empleo, permiten insertar el currículo y consultar ofertas laborales en diferentes ciudades.
7. Formación. Hacer un máster o un curso de especialización puede servir para ampliar tus conocimientos, pero ten en cuenta que algunos suponen un desembolso económico importante. El coste de los programas de posgrado es extremadamente diverso: desde los 2.000 euros de algunos programas a distancia, a los más de 90.000 de los más elitistas; el precio medio supera los 10.000 euros. No obstante, desde el Gobierno, las universidades y las empresas privadas se ofrecen becas para que los alumnos puedan cursar los másteres.
No obstante, recuerda que las empresas siguen valorando más la experiencia y las habilidades que la formación. Venderse bien, a menudo, vale mucho más que un buen currículo.

Corrupción en la España del siglo XXI



http://www.lapaginadefinitiva.com/
Hemos cerrado un curso en que la corrupción ha acaparado el humor social y la actividad. No es casualidad, como a nadie se le escapa, que esta omnipresencia vaya de la mano de una pavorosa crisis económica que se prolonga ya cuatro años y de la que no se avizora todavía el final. Suele ocurrir. Por ejemplo, la fase que vivió España entre 1992 y 1995, también recesiva y plagada de escándalos, repite más o menos el patrón que estamos viviendo ahora. No se trata de que en ciertos momentos haya puntas de corrupción.  Resulta obvio, en cambio, que lo que tenemos son puntas de preocupación ciudadana.
Es bueno que los ciudadanos, aunque sea periódicamente, nos ocupemos de la corrupción. Lo malo, más bien, es lo contrario: esas épocas de bonanza o de engañosas vacas gordas en las que parece casi como de mal gusto señalar ciertas prácticas y se generaliza, incluso, la percepción social de que éstas no sólo es que sean inevitables sino que pueden, llegado el caso, hasta a ser consideradas como beneficiosas, como el inevitable y deseable “engrase” que hace que la actividad económica vaya a más y mejor. Las épocas en que las cosas van mal permiten, en cambio, elevar el listón de exigencia. Aquellas en las que las cosas se ponen feas de verdad, quizás como los meses que nos pueden tocar vivir el año que viene, llegan a servir incluso, en ocasiones, para erradicar poco a poco las prácticas socialmente más destructivas. Todo es cuestión de que se hagan socialmente insoportables. Para lo cual, desgraciadamente, suele requerirse que andemos verdaderamente jodidos.
Junto a ese incremento del umbral ciudadano de exigencia derivado de que los tiempos no estén para bromas hay un elemento adicional que resulta imprescindible para poder combatir eficazmente la corrupción: identificar bien cómo, cuándo y en qué formas se produce, tratar de analizar sus causas y valorar con mesura sus implicaciones, así como el motivo de que el sistema social la haya tolerado o incluso incentivado en condiciones de normalidad. La aproximación, propia de tiempos de depresión colectiva como los que vivimos, catastrofista, generalizadora y exagerada del tous pourris! no conduce a ninguna parte, salvo a la inacción. Es, además, injusta y supone un ejercicio simplificador que conduce a plantear soluciones radicales, sencillas y habitualmente traducidas en medidas de tipo penal condenadas a la más absoluta ineficacia.
A modo de síntesis de lo que ha sido el curso político, económico y universitario 2010-2011 voy a tratar de bosquejar un mapa de actuación que permitiría declinar medidas concretas de reforma para actuar sobre los diferentes focos de corrupción propios de la España de nuestros días. Quizás el esfuerzo sea baldío, quizás peque de ingenuo o de poco informado sobre lo que se cuece en esos mundos, pero creo que vale la pena tratar de empezar aproximaciones de este estilo:
- En España hemos logrado erradicar las formas de corrupción más groseras y salvajes. Aunque la corrupción, como decía Séneca, sea más un mal de los hombres que de los tiempos, es cierto que sus formas e intensidad sí pueden variar con el tiempo y dependiendo de cómo nos organizamos como sociedad, de los valores cívicos y de la propia eficacia de los mecanismos de control. En España ya no es posible, a diferencia de lo que ocurría hace apenas unas décadas, meter la mano en la caja pública y llevarse el dinero por las bravas. Un caso como el de Roldán en su época de director general de la Guardia civil ya era una anomalía a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, pero ahora resultaría ciertamente difícil de llevar a cabo. En general, y simplificando mucho, una democracia es eficaz para contener estas prácticas extremas, por lo que el mero tránsito de una dictadura a un Estado de Derecho más o menos homologable a los usos europeos hizo decrecer mucho el problema en España. Adicionalmente, la entrada en la Unión Europea y la obligada asunción de muchas normas comunitarias a partir de 1986 han cambiado radicalmente el panorama que había sido tradicional en nuestro país. Para bien, como es evidente. También lo es, por lo demás, que frente a estos casos graves la reacción ha de ser de tipo penal y que se ha de perseguir a los contados infractores que, todavía en la actualidad, puedan estar metiendo la mano en la caja. Ésa ha de ser la función del Derecho penal, actuar contra los comportamientos más graves y de consecuencias más negativas para el orden social. Ocurre, sin embargo, que el problema de corrupción que tenemos en España en la actualidad no tiene por lo general en su origen estas prácticas, más bien escasas, sino antes al contrario la multiplicación y canalización de otras, menos lesivas individualmente analizadas pero muy desestructuradoras si se producen de forma generalizada.
- Corrupción de baja intensidad y reforma administrativa. El drama con la corrupción de baja intensidad, y lo que hace muy difícil tratar con el problema, es la enorme facilidad con la que su misma generalización y aparente escasa entidad respecto de cada acción concreta permite la banalización de la misma. En España es cierto que probablemente no se mete la mano en la caja, como tampoco se dan contratos a lo bruto en plan ilegal y alegre a amigos incapaces de gestionar la encomienda, pero hemos logrado encontrar numerosos intersticios legales en nuestras normas procedimentales, que nadie tiene demasiado interés en tapar, que han acabado generando prácticas muy nocivas pero que se han extendido de manera masiva hasta convertirse, y vivirse, como inevitables e incluso normales. Resulta evidente que la mayor parte de estas conductas no constituyen ilícitos penales (y está bien, de hecho, que así sea), hay algunas de ellas, incluso, que pueden ser hasta perfectamente legales y es bien cierto que en ocasiones muchos de estos procedimientos llegan a ser incluso inevitables si se quiere desarrollar una acción administrativa eficaz, pero la combinación de todos estos factores acaba generando un magma de admisibilidad, banalización y generalización de prácticas dudosas, que en el fondo son cualitativamente corrupción aunque en un grado de intensidad bajo, pero que por producirse de modo masivo y en medio de un clima de comprensión social, resultan muy dañinas. No se combaten, se perciben como imposibles de erradicar y suponen unos costes sociales, económicos y de empleo eficaz de recursos que, a la larga, es muy importante.
La cuestión es, entonces, ¿es imposible actuar contra estos focos? Aunque resulta evidente que la erradicación completa de cualquier acción socialmente inicua es imposible (y de hecho los costes de pretender lograrlo serían brutales, como las experiencias totalitarias se han encargado de demostrar, así como el carácter quimérico de esta pretensión) sí que se puede (y debe) tratar, al menos, de actuar de manera decidida para minimizar mucho su incidencia y, al menos, comenzar a erradicar su carácter banal y general. Para ello es esencial identificar, en primer lugar, los focos en los que el problema es estructural.
1. Empleo público. Aunque el ordenamiento jurídico exige que los principios de mérito y capacidad primen a la hora de seleccionar al personal al servicio de los ciudadanos, es sabido que las vías de escape son muchas y que se usan profusamente. Como en todos los casos, una erradicación total del abuso es imposible, pero al menos habría que intentar atajarlo y dificultarlo. Para ello es preciso, es imprescindible, asumir que en España tenemos que cambiar las vías de acceso al empleo público y tender a modelos de entrada que objetivicen cada vez más la selección (aspecto donde se ha avanzado indudablemente en las dos últimas décadas) pero que, además, garanticen un eficaz control a posteriori de la corrección de la misma (ámbito donde, en cambio, se está casi como hace décadas debido a una configuración del proceso contencioso todavía deferente con la Administración y que dificulta mucho las posibilidades de recurso de los perjudicados con miles de trabas procesales absolutamente absurdas) y que se combinen con otra medida clave: que no se pueda consolidar nunca una persona (interinos, etc…) más de un tiempo razonable (que debieran ser antes meses que años) para evitar problemas posteriores pero, sobre todo, que nunca pudiera estabilizarse laboralmente a quien no entró pasando un concurso público digno de ese nombre sino por alguno de los mecanismos de provisión de puestos provisionales (que está bien que existan porque son necesarios, pero que no pueden excluir la selección rigurosa y pausada, en igualdad de condiciones, pasadas esas circunstancias que los justifican, a efectos de empleo público estable).
Resulta evidente que es difícil sobrevalorar la importancia que tiene que los empleados públicos sean bien seleccionados. Por lo que significa en igualdad de oportunidades y porque, además, la propia acción administrativa será mejor, más eficiente, y provocará un mayor retorno a los ciudadanos si el personal al servicio de los poderes públicos ha sido bien elegido. Pero es que, además, que estas cosas se hagan bien genera un importante efecto ejemplarizador y de construcción de una conciencia ciudadana potente. Algo que, a día de hoy, opera en la dirección contraria. Aquí todo el mundo piensa, incluso en los lugares más insospechados, que las relaciones y los enchufes sirven para colocarse. Y lo peor es que sigue siendo, aunque con un itinerario más trabajoso que antaño, verdad. Si una Facultad de Derecho cercana a mí, por poner un ejemplo significativo, se permite contratar a profesores para dar clases de Derecho administrativo y puntúa mucho más la experiencia profesional de un abogado que declara dedicarse al Derecho civil  que la de un técnico de grupo A de una Administración pública es que las cosas funcionan bastante mal. Si ante dos personas que han aprobado la misma oposición y llevan trabajando exactamente los mismos años en un mismo cuerpo funcionarial, y buscando de nuevo profesores para dar clases de Derecho Adiministrativo de forma genérica, va y resulta que la experiencia profesional de una es valorada como el triple que la de otra, es que tenemos un problema. Pero la cuestión es si cabe más grave cuando las normas y procedimientos al uso no sólo permiten hacer cosas como estas sino que incluso ante un recurso frente a estas actuaciones los mecanismos de control fallan y se producen respuestas e informes que avalan ese tipo de acciones sin que nada ocurra. Actuaciones de esta índole, que se producen en Universidades, Ayuntamientos, Administraciones Autonómicas, empresas públicas… con total impunidad, constituyen una quiebra básica de lo que en el fondo son principios esenciales para garantizar el buen funcionamiento  de una sociedad articulada de manera cívica y justa. Son, en realidad, corrupción, por mucho que no estemos ante delitos y que incluso pueda acabar declarándose tal proceder como perfectamente legal. Y deberíamos dotarnos de mecanismos de control potentes para evitar que puedan darse con la facilidad y el carácter general con los que se producen en España, todavía, en la actualidad.
2. Contratos con las Administraciones públicas. De nuevo los tiempos han cambiado y de igual manera que ya no se puede meter de manera directa y descarada a un hijo o a una novia en un empleo público porque sí, tampoco se pueden adjudicar de forma masiva y generalizada contratos públicos ficticios o a cambio de prestaciones inexistentes o claramente sobrevaloradas. Tarde o temprano, si lo hace alguien,  le acaban pillando y tiene un problema. Bien está que así sea. Ahora bien, de nuevo, como ocurre con el empleo público, la corrupción que tenemos en España, excepción hecha de los casos más obscenos que también puedan existir y para los que el Derecho penal ha de ser la herramienta de persecución, es más light, difusa y porosa. Por lo que subsiste, se generaliza y extiende cual abceso intratable, y además se vive con normalidad e incluso como si fuera inevitable. Estamos hablando de prácticas conocidas, como el abuso del recurso a mecanismos excepcionales de contratación que permiten actuar liberados de controles,  el fraccionamiento de contratos para escapar a muchos de ellos,  la aparición y generalización de “pliegos a medida” para que el proceso de selección del contratista no contenga incógnita alguna sobre la identidad de la persona a quien se va a adjudicar el contrato… Todo ello genera un sinfín de acciones, la mayor parte de ellas, de nuevo, perfectamente legales (y una vez más, como se ha dicho, en algunos casos incluso imprescindibles para el buen funcionamiento de la Administración, por razones de eficacia) pero que si nos alejamos del detalle permiten contemplar un paisaje impresionista mucho más inquietante, con sobreprecios generalizados, empresas a las que sistemáticamente se adjudican ciertos contratos y verdaderos entramados especializados en la mera “intermediación” que resultan adjudicatarios de buena parte de la actividad de algunos órganos y que suelen acompañar a los mismos (o a las personas que los ocupan) durante años allá por donde van, sacando buena tajada de esa labor mediadora.
De nuevo el panorama descrito acaba comportando ineficiencia y sobrecostes, pero también un descrédito y desánimo cívico importante, muy destructivo. Imaginemos cómo viven la situación las empresas de la competencia, obligadas a adaptarse al sistema, trabajar para quienes son elegidos o  morir. Pensemos en los problemas estructurales para la  creación de tejido empresarial que ello supone. Una vez más, no obstante, se ha de reconocer que las normas (en este caso además reforzadas por las exigencias del Derecho de la Unión Europea, que vela porque los contratos de grandes cuantías sean ofertados en licitaciones públicas muy transparentes) y los usos han cambiado. Ya no es tan frecuente el soborno o el pago a cambio de recibir un contrato (y, de nuevo, bien está que esos casos se persigan penalmente, porque para esas excepciones más graves ha de servir el Derecho penal). Pero ahora la corrupción más habitual y generalizada, de baja intensidad, es más sutil y adopta esas formas más vaporosas, a modo de contratos fraccionados para ser adjudicados sin concurso, en forma de empresas que sistemáticamente resultan beneficiadas, por medio de repartos más o menos sutiles que desincentivan el recurso, con el montaje de entramados solitarios huecos que únicamente logran contratos y luego buscan, a si vez, a quien haga de verdad el trabajo….Una vez más nos encontramos con un problema de objetivación hasta donde sea necesario, de posibilidad efectiva de controles y de generar los incentivos correctos para ir eliminando estas prácticas. Por ejemplo, y además de ir cerrando vías excepcionales en materia de contratación, estaría bien que empezara a establecerse una efectiva vía de repetición contra los funcionarios que hubieran provocado mermas patrimoniales sustanciales a la Administración con sus decisiones en materia de contratación, lo que sin duda conllevaría un aumento notable de la diligencia. Asimismo, podrían empezar a levantarse velos societarios, porque no sólo en el Derecho mercantil esa doctrina ha de aplicarse. Y las exigencias en materia de subcontratación se podrían extremar, dificultando la acción de los intermediarios paralizadores. Por no mencionar la conveniencia de que empezaran a cumplirse las prohibiciones para contratar previstas en la la ley.
- Corrupción y especulación en materia de suelo. Si bien hemos explicado que, a día de hoy, la corrupción en España no es habitualmente “salvaje” (gente metiendo la mano en la caja, colocando a su hijo en el Ayuntamiento por sus cojones o dándole a una empresa un contrato a cambio de un precio o por mera amistad) sí es cierto, no obstante, que ha habido un entorno donde todo tipo de prácticas delictivas o rayanas en lo criminal han sido la norma y que sólo se han contenido recientemente por factores económicos, como consecuencia de que el sustrato sobre el que se actuaba para sacar el dinero se ha secado de golpe: el sector inmobiliario y todo lo relacionado con el urbanismo y la recalificación de suelos. La generalizada orgía en la materia, unida a la dificultad de controlar decisiones en el fondo discrecionales (como lo es la de recalificar o no un suelo por parte de un Ayuntamiento) adoptadas por corporaciones municipales a veces muy pequeñas y conformadas por personas muchas veces sin demasiada formación (aunque para esto, en el fondo, la formación no es tan importante, basta tener ética y sentido común para saber qué es correcto y qué es inadmisible), todo ello en un contexto social que favorecía esas decisiones (porque en la pedrea de la recalificación había muchos agraciados además de quienes se llevaban el premio gordo) y que hacía percibir las prácticas corruptas como un “coste de transacción” más y aderezado con la existencia de necesidades objetivas de financiación local debido a un modelo fiscal y de reparto de los ingresos entre Administraciones Públicas directamente delirante que hace que en España los distintos niveles administrativos tengan más dinero cuantas menos competencias tienen, así como el inevitable efecto llamada y criminógeno de un sector que promete, a cambio de asumir ciertos riesgos, retornos milmillonarios, conformaron un cóctel explosivo que ha generado muchísimos problemas que nuestro Derecho no ha sabido combatir bien. Allí donde no ha habido presión ciudadana o política para enfrentarse a los desmanes el Derecho, ya sea el penal, ya el administrativo, se ha demostrado incapaz de poner remedio a esta terrible sangría y todos los costes económicos, ecológicos, de equidad e incluso de futura sostenibilidad financiera asociados a estas prácticas predatorias.
Aprovechando la parálisis en el sector provocada con la recesión y el previsible margen con el que se cuenta hasta que se vuelva a poner en marcha la maquinita recalificadora urge diseñar un modelo de intervención pública de futuro que evite la reiteración en los próximos años de estas prácticas a gran escala, que es como desgraciadamente se han desarrollado en los últimos tiempos. Para lo cual las recetas pasan, de nuevo, por actuar asumiendo cuál es la realidad y la imposibilidad de controlar dinámicas como las que hemos vivido en la última década desde el Derecho penal y la represión pura y dura. Hay que hacer también otras cosas, adoptar orientaciones alternativas, algo que pasa inevitablemente por actuar en dos líneas:
1. Eliminación de la tentación de que los Ayuntamientos, por pequeños que sean, sucumban a los pactos fáusticos para urbanizar como bienintencionado recurso cortoplacista para allegar fondos a las arcas municipales, ergo reforma de la financiación de nuestros ayuntamientos para darles mucho más músculo y autonomía financiera de la que ahora tienen.
2. Reforma de ese modelo de reparto de los aprovechamientos del suelo que provoca el absurdo de que la decisión administrativa, poniendo la línea en el mapa más hacia un lado o hacia otro, pueda convertir en milmillonarios a los propietarios del suelo “agraciado”, con todos los perversos incentivos que ello genera para “presionar” de la manera que sea (incluso a costa de una parte, por lo demás reducida, de los enormes beneficios que se pueden llegar a lograr si se opera la transformación) para lograr que la rayita pase por donde te conviene. Este modelo no sólo es gasolina para la corrupción sino que, además, no funciona como sistema de reparto equitativo de costes sociales y beneficios asociados a la propiedad si permite, como es el caso, patrimonializar casi todas las plusvalías a los propietarios, pues genera evidentes agravios comparativos. En  España lo hemos mantenido a partir de la ficción, absolutamente desmentida por la práctica, como bien consta a cualquier especulador que se precie, de que esa plusvalía nunca se la quedaba el propietario sino que iba a parar a la Administración, dado que era ella la que “ponía en valor” esos terrenos. Dado que este adánico objetivo no se ha logrado ni se ha pretendido en serio en ningún momento (y el gen propietaria español, además, no lo consentiría como alguien se pusiera manos a la obra con esa meta en serio) sería mejor ir virando hacia modelos de reparto de la capacidad de edificar entre todos los propietarios de suelo, bien con un plafond legal de densidad a la manera francesa, bien con un mercado de metros edificables en poder de los propietarios de suelo que, a la manera del comercio de los derechos de emisión de CO2, permitiera un comercio justo sobre los mismos. Este tipo de medidas, al margen de otros beneficios indudables, generarían un automático efecto sobre la corrupción urbanística, dado que la más lucrativa acabaría dejando de tener sentido económico.
En definitiva, en España, es verdad, hay corrupción. Y además hay mucha, la hay muy generalizada y está muy “institucionalizada”. Pero conviene, igual que se afirma esta realidad, poner en su correcto contexto las cosas y tratar de desbrozar la realidad para que el análisis nos permita actuar sobre ella de manera eficaz. Para lo cual urge saber de verdad qué tipo de corrupción tenemos y cómo se da. Y tomar conciencia de que el Código penal no es la solución, entre otras cosas porque si así fuera y combatiéramos en serio con juicios y penas de prisión este tipo de prácticas que he denominado corrupción de baja intensidad las cárceles del país no darían abasto. No se lucha contra dinámicas sociales tan extendidas con penas de prisión. Se combaten con más controles, más rigurosos y con un diseño procedimental mejor. Se combaten con exigencia de responsabilidad no penal y con medidas ejemplarizantes quizás menos agresivas pero más efectivas a largo plazo. Y probablemente se combaten, ante todo, con ganas de cambiar, con la necesaria explicación de lo que va mal y de las razones por las que es bueno modificar pautas. Como ése es el primer e imprescindible eslabón de la cadena, y dado que no se ve a día de hoy muchas ganas en España de poner manos a la obra, estaría bien que empezáramos a exigir reformas en estos tres ámbitos (empleo, contratos, suelo) para poder aspirar a tener una sociedad más justa, más eficiente y, también, mucho menos corrupta.

Los diez mandamientos de un empresario en concurso

Estos son los 10 mandamientos que un empresario cumplirá a rajatabla si no quiere incurrir en responsabilidad en la pieza sexta de calificación.


  1. No agravarás el estado de insolvencia de tu empresa.
  2. No cometerás irregularidades relevantes en la llevanza de la contabilidad.
  3. No presentarás documentos falsos o con graves inexactitudes en la solicitud de concurso.
  4. No olvidarás comunicar al Juzgado el incumplimiento del convenio.
  5. No alzarás bienes en perjuicio de tus acreedores.
  6. No detraerás bienes o derechos fraudulentamente los dos años anteriores a la declaración de concurso.
  7. No simularás ventas ficticias en los dos años antes de la declaración de concurso.
  8. No incumplirás el deber de solicitar concurso en los dos meses desde la insolvencia de la sociedad.
  9. No incumplirás el deber de colaboración con el juez y el administrador concursal.
  10. No incumplirás el deber de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

¿Cómo está el patio económico?

17 de Agosto de 2011
  • Un 51,6% de los encuestados por Deloitte considera que la situación española permanecerá sin cambios, un 36,1% espera que la situación empeore, y un 12,3% prevé una mejoría.
  • Las principales preocupaciones continúan siendo la disminución en el mercado doméstico y el empeoramiento coyuntural de los mercados internacionales.
Ya seamos autónomos o trabajemos con más abogados, en un despacho pequeño o uno internacional, parece que hemos aprendido la lección de que lo que pasa a niveles económicos grandes nos afecta en nuestras cuentas. De modo que vamos a echar un vistazo al barómetro económico que ha realizado Deloitte. Se trata su Valoración del primer semestre de 2011 y previsiones para el segundo semestre de 2011.
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Según el barómetro de Deloitte, durante el primer semestre de 2011 la evolución económica española ha mantenido la misma situación negativa que en 2010 y no se han cumplido las expectativas de ligera mejora que anticipaban los panelistas para este periodo.
Si en la anterior edición del Barómetro de Empresas inversión y rentabilidad mostraban un comportamiento positivo y unas perspectivas favorables, durante el primer semestre de 2011 se ha reducido significativamente el incremento de la inversión y la rentabilidad y se prevé que se mantengan sin cambios para finales de este año.
En su relación con el segundo semestre de 2010, un 54,8% valora que la evolución económica española ha sido negativa, un 7,3% considera que ha mejorado, y un 37,9% valora que se ha mantenido sin cambios.
En las previsiones realizadas hace seis meses para este periodo, un 35,3% esperaba que la evolución económica fuera negativa y un 20,9% esperaba que mejorara.
En el primer semestre de 2011, la producción/facturación se ha visto reducida para un 40% de los panelistas, mostrando peores resultados que a finales del año pasado, cuando un 32% registraba reducciones y apenas un 25% esperaba recortes para este periodo.
Vuelta del verano
Para el segundo semestre de 2011, las previsiones son de ligera mejoría de la producción/facturación. Los panelistas que esperan un descenso en la producción/facturación se reduce hasta el 22,4% (39,6% actual), aumentan los que esperan que se mantenga estable hasta el 40,2% desde el 23,6% de este semestre y se mantienen los que prevén incrementos en torno al 37%.
En el primer semestre de 2011 se ha reducido el porcentaje de empresas que han recortado su número de empleados; un 37,9% frente al 43,4% de finales del año pasado. Si bien se ha comportado mejor en este periodo en cuanto a disminución del número de empleados, también se han reducido los que han generado empleo, el 24,4% genero empleo en el segundo semestre del año pasado frente al 18,7% actual.
La mayoría de las empresas no han experimentado cambios en el número de empleados, en línea con las previsiones de los panelistas (43,4%).
Para el segundo semestre de 2011 no se esperan cambios en el empleo, ya que la mayoría de las empresas consultadas estima que su número de empleados se mantendrá en el próximo semestre (54,8%). Prevén que aumentará el número de empleados un 14,6% y estima una reducción el 30,6%.
Actuación del Gobierno
El 68,7% de los panelistas en el primer semestre de 2011, valoran como mala o muy mala la trayectoria seguida por el Gobierno hasta el momento en las cuestiones que económicamente pueden afectar a su empresa. Este dato empeora el 66,7% de valoraciones negativas para el segundo semestre de 2010. Los panelistas que la consideran buena o muy buena se sitúa en el 5,9%, reduciéndose desde el 10,9% anterior (en esta edición se mantiene el hecho de que ningún miembro del panel considera que haya sido muy buena), y los que se muestran indiferentes se eleva hasta el 25,4% desde el 22,4%.
En cuanto a la valoración de la actuación del Gobierno en aspectos concretos, la mejor valorada ha sido nuevamente Pensiones, con un 26%, que desciende desde el 35,3% de la edición anterior. El resto de variables no alcanzan un total de respuestas favorables superior al 20%. Le sigue en segundo lugar el Gasto Público, con un 18,7%, similar al de la anterior edición. Y Sanidad y Salud que retrocede una posición con un porcentaje de 16,9% habiendo registrado el pasado semestre un total de 22% de respuestas afirmativas.